USO Y ABUSO DE LA PRISION PREVENTIVA EN EL PERU (I)

USO Y ABUSO DE LA PRISION PREVENTIVA EN EL PERU (I)

Hace pocos días se reunieron en un conversatorio “Medidas dirigidas al uso razonable de la prisión preventiva en el Perú”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), el evento fue presidido por la Ministra de Justicia, el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Consejo Nacional de la magistratura, el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros representantes de Instituciones del Perú.

 

El conversatorio tuvo como propósito que el Presidente de la CIDH James L. Carvallo exponga las recomendaciones que formulo el CIDH  en el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas en el año 2013”, a fin de promover el uso excepcional de esta medida, tales como, la implementación de medidas judiciales, legislativas y administrativas de corrección, y erradicar la prisión preventiva como herramienta de control social.

 

La erradicación de la prisión preventiva, es uno de los principales desafíos que tiene el Perú y los países Latinoamericanos para mejorar su Sistema Penitenciario, y ser un Estado Constitucional dentro de una Sociedad Democrática, por eso ALDIP considera que este tema merece atención -como otros temas como los beneficios penitenciarios-  en toda la población penitenciaria, ya que la prisión preventiva y la progresiva restricción de los beneficios penitenciarios trae como consecuencia un alto nivel de hacinamiento penitenciario, además de generar problemas en la gestión penitenciaria, trayendo como consecuencia más violencia, insalubridad, corrupción y condiciones inhumanas en la población penal en su conjunto.

 

Regresando al tema que nos ocupa, debemos señalar que la prisión preventiva según el citado “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas en el año 2013”, no es una medida que contribuya de manera exitosa a reducir los índices de violencia o criminalidad, y que por el contrario, se viene aplicando en el Perú y otros países vecinos, sin reflexión científica, sino obedece a la reacción inmediata a situaciones coyunturales en las que se da presión social, política y mediática frente a la inseguridad ciudadana.

 

A pesar que existen jurisprudencia Nacional[1] e Internacional[2] consolidada -respecto a que la prisión preventiva no es determinada por el tipo de delito que se impute, ni sobre la base de conceptos de “alarma social”, “repercusión social” o “peligrosidad” que la convierten en una pena anticipada, tampoco que debe aplicarse en función al pronóstico de la pena, ni tampoco que debe aplicarse bajo la presunción legal respecto al peligro procesal, sino mediante argumentos razonables, necesidad y proporcionalidad y finalmente que es una medida cautelar y no punitiva- los Fiscales y Jueces hacen uso y abuso de la prisión preventiva, constituyendo una tendencia arraigada en la cultura y práctica judicial que refleja el miedo que tienen a los medios de comunicación, donde los requerimientos de prisión mayormente obedecen a inferencias o a elementos de convicción -que no son más que elementos de probabilidad- donde la mayor gravedad obedece a una primera página o al gran tipo de letra  con que se presenta la noticia, o quizás miedo a que la OCMA – Órgano de Control del Poder Judicial- le abra un proceso administrativo, a lo cual cede por falta de formación, vocación o firmeza.

 

ALDIP considera que el conversatorio organizado por el MINJUS con el Presidente de la CIDH respecto a las recomendaciones realizadas en el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas en el año 2013”, debió realizarse antes del paquete legislativo que dio el Poder Ejecutivo a propósito de la delegación de facultades.

 

ALDIP, dando cumplimiento a sus objetivos para los cuales fue creada se encuentra obligada a dar una opinión legal sobre las normas que se han dado como el Decreto Legislativo N° 1324 “Ley que modifica, incorpora y deroga artículos de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria”; el Decreto Legislativo N° 1325 “Ley que declara en Emergencia y dicta medidas para la Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario; y el Decreto Legislativo N° 1328 “Ley que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario”, así como otras normas, que legislan sobre modificación de la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, beneficios penitenciarios, procesos de extradición y traslado de condenados y sobre mecanismos alternativos para el cumplimiento de penas en general, y opinará si es que el uso no excepcional de la prisión preventiva seguirá aplicándose como estrategia de política criminal y seguridad ciudadana, y si el nuevo marco jurídico está reorientándose acorde con las políticas públicas recomendadas por la CIDH la cual deben ser políticas integrales dirigidas al sistema de justicia penal y la gestión penitenciaria, asumiéndose como prioridad y no coyunturalmente por el gobierno de turno, que cede ante la opinión pública, políticas que deben tener las siguientes características: esenciales:”(i) continuidad: ser asumidas como un asunto de estado, y que su ejecución no se vea afectada por los sucesivos cambios de gobierno; (ii) marco jurídico adecuado: es preciso que exista un marco legal apropiado, debidamente reglamentado; (iii) presupuesto suficiente: que se disponga una asignación presupuestal suficiente, que sea incrementada progresivamente con el transcurso del tiempo; e (iv) integración institucional: lo que implica un esfuerzo serio y coordinado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en la formulación, como en la implementación de estas políticas. Además, y como presupuesto esencial para la implementación de las mismas es preciso que se adopten las medidas conducentes a estabilizar el crecimiento de la población penitenciaria”[3]

 

ALDIP está convencido de que una real política penitenciaria de un Estado, está en no construir nuevas cárceles, sino en reducirlas, y dejar el paradigma de endurecer los sistemas penales para dar respuesta a las demandas sociales de seguridad, que trae graves consecuencias para los derechos de las personas privadas de libertad, sobre todo de aquellos que están con la medida cautelar de prisión preventiva.

 

Dr. Ricardo Castro Belapatiño

 

[1] Tribunal Constitucional. Expedientes: 791-2002-HC; 1260-2002-HC; 1091-2002-HC// Corte Suprema: Casación 626-2013

[2] CIDH: Caso Lopez Alvarez v. Honduras; Caso Barreto Leiva v. Venezuela; Peirano Basso v. Uruguay; Diaz Peña V. Venezuela y Uson Ramirez v. Venezuela.

[3] “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”. CIDH del 30.12.2013.www.cidh.org. pag. 120

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