Este Informe ha sido emitido en octubre del 2011 por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

Este informe muestra los aspectos más preocupantes del sistema penitenciario, a saber, la infraestructura, la seguridad, el tratamiento y los servicios penitenciarios.

La defensoría señala que la paulatina descomposición y deterioro de la situación penitenciaria pueden afectar negativamente a la seguridad ciudadana, al convertirse las cárceles en centro de generación de mayor delincuencia, dónde se “planifican” y “organizan”, acciones ilícitas, y que no contribuyen a resocializar a aquellas personas que buscan una nueva oportunidad en la sociedad.

Este informe concluye con 15 recomendaciones, dentro de ellas, tenemos:

-El de elaborar un proyecto de “Ley de Reinserción social” que permita unificar coherente y racionalmente, las normas que regulan los beneficios penitenciarios previstos en el ordenamiento jurídico (semilibertad, liberación condicional y redención de penas).

-La aprobación de una directiva en virtud del principio XVII de los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” (medidas contra el hacinamiento), dirigidas a los directores regionales a fin de que notifiquen, bimensualmente, a los señores Presidentes de las Cortes de los Distritos Judiciales de la República y a los señores Fiscales Decanos la cantidad de plazas disponibles, el número de procesados y sentenciados de cada lugar de privación de libertad. Asimismo debe comunicarse esta información en la web institucional.

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