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Introducción  El nivel de hacinamiento en la mayoría de cárceles del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario – INPE[1]  – 49 centros penitenciarios de los 68- ponen en evidencia la situación real de nuestro sistema penitenciario y política criminal del Estado, razón por la cual el Congreso a delegado en el Poder Ejecutivo, por segunda vez, la facultad de legislar en materia penal, procesal penal, penitenciaria y justicia penal juvenil, a fin de evitar el contagio masivo con el virus Covid-19. Recordemos que en la primera delegación de facultades que el Congreso da a éste gobierno es con la Ley N° 30506 publicada conLeer más

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Abierto el debate sobre el abuso de la prisión preventiva, me permito fijar mi posición como Ex Fiscal Superior Penal y Ex Fiscal Superior Coordinador del Distrito Fiscal de Ucayali, para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) cargo de Fiscal al cual renuncie, aceptándose mi renuncia voluntaria por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2294-2013-MP-FN, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 08.08.2013. Actualmente, existen dos posiciones sobre la aplicación de la prisión preventiva, la primera, representada por abogados penalistas, algunos fiscales, jueces y políticos oportunistas, que son siempre los que piensan en la siguiente elección y no enLeer más

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Ante el último acontecimiento político, los demócratas y los defensores de la dignidad y derechos humanos de las personas investigadas, debemos tomar una posición y hacerla pública,  eligiendo entre la continuidad de seguir  haciendo política caracterizada en “gobernar a través del delito”, es decir, no priorizar en políticas públicas –económicas, sociales-, lo que algunos teóricos llaman un “gobierno de penalidad”; o decidir, por el camino más difícil, asumiendo un compromiso con el desarrollo político, social y económico  a través de políticas públicas concertadas y sostenibles en el tiempo, donde el eje central sea el respeto a la dignidad y derechos de la persona humana, posiciónLeer más

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Ante el último acontecimiento político, los demócratas y los defensores de la dignidad y derechos humanos de las personas investigadas, debemos tomar una posición y hacerla pública, eligiendo entre la continuidad de seguir haciendo política caracterizada en “gobernar a través del delito”, es decir, no priorizar en políticas públicas –económicas, sociales-, lo que algunos teóricos llaman un “gobierno de penalidad”; o decidir, por el camino más difícil, asumiendo un compromiso con el desarrollo político, social y económico a través de políticas públicas concertadas y sostenibles en el tiempo, donde el eje central sea el respeto a la dignidad y derechos de la persona humana, posiciónLeer más