DERECHOS, OBLIGACIONES Y ACCIONES DEL INTERNO PENITENCIARIO (I)*

DERECHOS, OBLIGACIONES Y ACCIONES DEL INTERNO PENITENCIARIO (I)*

A lo igual que todo ciudadano, la persona privada de libertad goza de un conjunto de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política y en Tratados Internacionales; como la Declaración Universal de las Naciones Unidas, Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Es necesario, conocer y diferenciar los derechos fundamentales que tienen los internos penitenciarios, sobre todo estos, sean que estén con una medida cautelar – detención o prisión preventiva- o con una sentencia condenatoria.

La Constitución Política del Perú en su artículo 33 señala que se suspende el ejercicio de la ciudadanía, por sentencia con pena privativa de la libertad, lo que implica hacer una primera diferenciación, respecto a los derechos fundamentales de que gozan, los internos procesados y condenados.

Una segunda diferenciación, es que mientras algunos derechos fundamentales de los internos son suspendidos o restringidos, muchos otros derechos se conservan incólumes y deben ser respetados por las autoridades penitenciarias, cuyo incumplimiento acarrea la posibilidad de interponer contra estas autoridades, una acción de habeas corpus[1], una acción de amparo o una acción de cumplimiento[2], que de conformidad con el artículo 200 de la Constitución Política y artículos 1, 2, 25, 37, 66 y sgtes. del Código Procesal Constitucional, disponen que la acción de habeas corpus procede cuando cualquier autoridad, viola el derecho a la libertad individual; la acción de amparo procede por violar cualquier otro derecho reconocido en nuestra Constitución; y que la acción de cumplimiento procede cuando cualquier autoridad o funcionario es renuente a acatar una norma legal (norma con rango de ley y reglamentos (Ejemplo: El Código de Ejecución Penal y su Reglamento el D.S. Nº 015-2003-JUS) o acto administrativo, respectivamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y/o penal en que pueda incurrir.

ALDIP no es ajeno a desconocer que existen otros procesos, que pueden ejercerse en salvaguarda del respeto y cumplimiento de normas que integran y regulan el Sistema Penitenciario Peruano, como el de acción popular y el de inconstitucionalidad, donde ambos procesos tienen como finalidad la defensa de la Constitución frente a nuevas normas que deroguen  o modifiquen las ya existentes y que infrinjan su jerarquía normativa[3]. (infracción puede ser directa o indirecta, total o parcial, de forma o fondo), y donde éstas atenten contra los Derechos fundamentales de los Internos Penitenciarios.

En un proceso de acción popular, la legitimidad para interponer la demanda puede ejercerla cualquier persona; y para interponer una demanda de inconstitucionalidad, la legitimidad para interponer esta demanda la tiene las personas, que señala el artículo 203[4] de la Constitución Política.

La diferencia entre uno y otro proceso, además de la legitimidad para interponerse, está en que la acción popular se interpone dentro del plazo de cinco años desde la publicación de la norma, y es ante el Poder Judicial, contra reglamentos (Decretos Supremos), normas administrativas y resoluciones de carácter general, que infringen la Constitución o la Ley; mientras que la acción de inconstitucionalidad, se interpone dentro del plazo de seis años desde la publicación de la norma, ante el Tribunal Constitucional y es contra normas que tienen rango de ley (leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, normas regionales de carácter regional y ordenanzas municipales).

ALDIP tiene la intención, a través del presente artículo, dejar claramente establecido que derechos – salvo los suspendidos o restringidos- tiene el interno penitenciario, ya sea en su condición de procesado o condenado, a fin que las autoridades penitenciarias peruanas cumplen con el respeto de sus derechos fundamentales de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, Instrumentos Internacionales, Código de Ejecución Penal -en adelante CEP- y su reglamento.

En efecto, si bien es cierto, el artículo V del Título Preliminar del CEP, señala que el régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por la condena, y el artículo primero señala que el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley o la sentencia respectiva. Además el artículo 9 del mismo cuerpo de leyes, señala que al ingresar a un establecimiento penitenciario, el interno debe ser informado de sus derechos y obligaciones, para lo cual dicha autoridad debe entregarle una cartilla con las normas de vida que rigen en el Establecimiento, esto en la realidad no se cumple.

En efecto, en los establecimientos penitenciarios del Perú, cuando ingresa un interno, las autoridades le hacen entrega de una “Cartilla Informativa”, la cual sólo contiene una transcripción de las obligaciones (reguladas en el Reglamento del CEP.) que tiene el interno, pero no se le informa al interno sobre los derechos de los cuales goza, y que no se encuentran suspendidos ni restringidos, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales sobre derechos humanos. En consecuencia, la mayoría de internos en el Perú, sobre todo los que cuentan con bajos recursos económicos y no tienen apoyo familiar, no tienen dicho conocimiento, a no ser que estos derechos suspendidos o restringidos, sean impuestos por la ley o por sentencia  -en el caso de los condenados-, lo cual no permite e impide reclamar con justo derecho ante la autoridad o funcionario penitenciario de cualquier acto arbitrario que viole o amenace los derechos fundamentales del que goza todo ser humano.

Existe un conjunto de derechos que no pueden ser objeto de restricción, ya sea para el interno procesado o condenado, como la vida, la integridad personal, la libertad de conciencia, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, la salud, el debido proceso y el derecho de petición.

Existen otros derechos que pueden llegar a ser restringidos o limitados pero nunca podrán ser completamente suspendidos, como son el derecho a la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión y el derecho al voto[5]

ALDIP espera que con este artículo donde se precisa, que derechos se encuentran suspendidos o restringidos por la autoridad penitenciaria y que derechos no lo están, y que procesos judiciales puede interponer cuando la autoridad viola o amenaza estos derechos -siempre que participe y que éste incurso dentro de las políticas penitenciarias de reeducación, rehabilitación, y reincorporación del penado a la sociedad-, haya contribuido a que el interno penitenciario, procesado o condenado, tome consciencia que siempre y cuando cumpla con las obligaciones impuestas por el régimen penitenciario, pueda reclamar los mismos derechos que tiene toda persona, conforme al artículo primero de la Constitución, que dispone que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp.2363-03.HC) “(…) En función a este ensanchamiento del carácter y contenido del hábeas corpus, la doctrina ha elaborado una tipología, de la cual resumidamente damos cuenta:

  1. a) El hábeas corpus reparador.- Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc. En puridad, el hábeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida;b) El hábeas corpus restringido.-Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se le limita en menor grado”;c) El hábeas corpus correctivo.- Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena.(…) Igualmente, es idóneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados;d)  El hábeas corpus preventivo.-Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia; e) El hábeas corpus traslativo.-Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido;  f) El hábeas corpus instructivo.- Esta modalidad podrá ser utilizada  cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición;g)  El hábeas corpus innovativo.-  Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan  en el futuro, en el particular caso del accionante; h)  El hábeas corpus conexo.- Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor  libremente  elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. (…)”

[2] CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.- Art. 67.- Legitimación y representación.- Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo interés para el cumplimiento del deber omitido. Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento

[3] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 11) La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales; 22) El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto de reeducación, rehabilitación, y reincorporación del penado a la sociedad.

[4] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Art. 203.- Titularidad de la acción de la inconstitucionalidad.-Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 1) El Presidente de la República; 2) El Fiscal de la Nación; 3) El Defensor del Pueblo; 4) El veinticinco de ciento del número legal de congresistas, 5) Cinco Mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones,6) Los Gobernadores Regionales, los Alcaldes Municipales, en materia de su competencia; 6) Los Colegios Profesionales, en materias de su especialidad.

[5]  Constitución Política. Art. 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: (…)  2) Por sentencia con pena privativa de la libertad ,3) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

(*) Dr. Ricardo Castro Belapatiño

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