DEBATE SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA II

DEBATE SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA II

Abierto el debate sobre el abuso de la prisión preventiva, me permito fijar mi posición como Ex Fiscal Superior Penal y Ex Fiscal Superior Coordinador del Distrito Fiscal de Ucayali, para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) cargo de Fiscal al cual renuncie, aceptándose mi renuncia voluntaria por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2294-2013-MP-FN, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 08.08.2013.

Actualmente, existen dos posiciones sobre la aplicación de la prisión preventiva, la primera, representada por abogados penalistas, algunos fiscales, jueces y políticos oportunistas, que son siempre los que piensan en la siguiente elección y no en la siguiente generación, que opinan que quien cuestiona la aplicación o quien propone la modificación de la prisión preventiva, adoptan una posición en contra de la lucha  contra la corrupción y a favor de la impunidad, nada más falso que esto, y lo que busca es desviar el debate de una institución procesal como la prisión preventiva, que debe ser utilizada para otros fines, llevando el debate al terreno político y no académico.

Al otro lado, se encuentran respetables abogados constitucionalistas y penalistas,   representantes de instituciones que defienden y protegen los derechos humanos como el Defensor del Pueblo y el Presidente del Tribunal Constitucional que opinan que la detención preliminar y la prisión preventiva deben revisarse y modificarse por cuanto existen algunos fiscales y jueces que hacen abuso de su poder, y  utilizan a la prisión preventiva -que debe ser de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional, proporcional y razonable- como una de pena anticipada, privándose  del derecho a la libertad y de todos los derechos a que a ello conlleva, para que el investigado este preso y no pueda defenderse en condiciones normales, lo cual facilita una “eficiente” la labor fiscal.

Esta utilización perversa de algunos fiscales y jueces, quienes a la prisión preventiva la han convertido en una regla general, contraviene el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además contraviene reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional -que es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, y finalmente reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -máxima instancia dentro del Poder Judicial, donde sus sentencias son vinculantes-, como la última sentencia de fecha 11.04.2019 (Exp. 14445-2018), la cual realiza una interpretación respecto a la aplicación de la prisión preventiva y el peligro de fuga, señalando que debe existir una sospecha reveladora de la existencia de medios suficientes a disposición del imputado, para perpetrar la fuga, y así evitar criterios arbitrarios, como que el investigado tiene pasaporte, que ha viajado el extranjero o que es investigado por pertenecer a una presunta organización criminal, criterios que son utilizados para decir que hay peligro de fuga o obstaculización, nótese además que esta última sentencia de la Corte Suprema, toma fundamentos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional Español, con respecto a la prisión preventiva y peligro de fuga, a lo cual han salido rápidamente fiscales y políticos a señalar que esta sentencia se ha dado para favorecer a algunos políticos que están presos, cuando la realidad es que están miles de miles de personas presas, por la aplicación de criterios, absolutamente arbitrarios y abusivos.

Es lamentable cuando se escucha a ciertos fiscales y jueces que no deben cuestionarse las decisiones fiscales o jurisdiccionales, que requieren  o imponen detención arbitraria o prisión preventiva, por cuanto se atentar contra su independencia y autonomía del Ministerio Público o del Poder Judicial, y lo que hacen es confundir a la ciudadanía y hacer creer que la prisión preventiva es una medida que busca la sanción y la prevención del delito, utilizando a la prisión preventiva como un instrumento de política criminal con el apoyo del gobierno, donde esta medida cautelar pretenden hacerla equiparable a la pena, legitimándose así la labor fiscal como una labor eficiente, donde no importa exhibir al investigado -ante los medios de comunicación masiva- a un espectáculo o fiesta punitiva, y destruir su dignidad a imagen. Quien no respeta el derecho a la libertad y a la dignidad del ser humano, no valora el principio del humanismo, y dudo que tenga una posición espiritual, que busque en un futuro la solución pacífica a los problemas de la sociedad. Ya lo ha dicho el Papa Francisco en un discurso ante la Asociación de Derecho Penal Internacional con fecha 23.10.2014 “Sin embargo, vivimos en tiempos en los que, tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza, pública y privada, no sólo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. (…) Estos abusos se podrán detener únicamente con el firme compromiso de la comunidad internacional en reconocer el primado del principio pro homine, lo que quiere decir de la dignidad de la persona humana sobre todas las cosas.”

Lo cierto es que un Juez, antes de aceptar la solicitud de requerimiento de la prisión preventiva del Ministerio Público, se encuentra obligado, bajo responsabilidad, a la aplicación de normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce, interpretando los tratados y acuerdos internacionales, de conformidad con el cuarta disposición final de la Constitución Política; y acatando la Primera Disposición Final de la Ley N° 28301 “Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que lo obliga a interpretar y aplicar las leyes según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulten de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

De igual forma, todos los poderes públicos en un Estado, sobre todo el Ministerio Público, que constitucionalmente tiene la atribución de defender la legalidad están sujetos al respeto a todos los derechos fundamentales.

Estamos de acuerdo, con las modificaciones a las normas que regulan la prisión preventiva, pero siempre y cuando esto sea parte de un análisis político-criminal del Estado, que reformule la Política Nacional Penitenciaria 2016-2020 aprobado por D.S. Nº 005-2016-JUS, que está formulada de acuerdo a la Sétima Política de Estado, que está orientada a la seguridad ciudadana y erradicación de la violencia en nuestra sociedad, la cual conduce el Consejo Nacional de Política Criminal adscrito al “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, donde su actual Ministro no está a la altura de las circunstancias.

Son inconstitucionales las decisiones fiscales y jurisdiccionales que requieren y disponen la prisión preventiva de los investigados, bajo la justificación del eficientismo procesal, contrario al garantismo, sin embargo, no se entiende que ambas posiciones deben verse desde una perspectiva del neoconstitucionalista.  No hacerlo implica desconocer derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos dentro de una investigación, aplicando la teoría del derecho penal del enemigo, donde los investigados son tratados como una cosa y no como personas, afirmando estos operadores de justicia que actúan con respeto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, los cual hemos visto, se ven obligados a aplicar sólo cuando un investigado se encuentra con pronóstico de peligro de muerte súbita.

El D.S. Nº 015-2017-JUS, que establece el cronograma de aplicación progresiva del nuevo Cóodigo Procesal Penal,  dispone que éste Código se aplicará en julio-2019 en Lima Este, y en julio del año 2020 en Lima Sur y Lima Centro -con excepción de las normas referidas a la prisión preventiva que se aplican en todo territorio peruano, según la segunda disposición complementaria final del D.Leg. 1206-, por lo que si no se realizan los cambios necesarios y urgentes dentro de una política pública criminal-penitenciaria, que sea racional, coherente y eficaz, veremos a una multitud de ciudadanos investigados -que no van a tener la condición ex presidentes, ex ministros, ex altos funcionarios del Estado, Ex Magistrados Ex Fiscales- desfilar a las cárceles por la aplicación de una institución procesal como la prisión preventiva -que va a seguir aplicándose como regla general y no como excepción- como un instrumento de política criminal, que va a lograr prevenir los delitos.

Debemos combatir el “populismo penal”, que no contribuye en nada a la construcción de una sociedad más democrática, recordando lo que nos dice Ferrejoli “El grado de democracia se mide de acuerdo al grado de garantías” o “en donde no hay libertad, se permite que el hombre deje ser una persona para ser una cosa”. 

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