Balance de la Política Criminal y Penitenciaria (*)

Balance de la Política Criminal y Penitenciaria (*)

Los que conocemos la situación penitenciaria y estamos comprometidos con un real cambio en la política criminal y penitenciaria de nuestro país, al escuchar el mensaje presidencial del 28 de julio, esperábamos que el Presidente comunique a la ciudadanía de los avances y resultados de la aplicación e implementación de las leyes que ha dado este gobierno, como consecuencia de la Ley N° 30506, ley que delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Lucha Contra la Corrupción, Política Criminal y Penitenciaria, entre otras materias, que permitió al Poder Ejecutivo dar 112 Decretos Legislativos, dentro de ellos, 16 tratan de Seguridad Ciudadana y Política Criminal (1243, 1244, 1245, 1249, 1253, 1281, 1296, 1298, 1300, 1301, 1307, 1316, 1322, 1323, 1348 y 1351), 06 de Lucha Contra la Corrupción (1265, 1279, 1291, 1326, 1327 y 1342) y 04 de Política Penitenciaria (1324, 1325, 1328 y 1343).

El mensaje presidencial, con relación a la política criminal y penitenciaria, se refirió a temas de coyuntura y mediáticos, los cuales fueron: 73 mega-operativos con un gran número de personas detenidas, programa de recompensas para capturar a prófugos de la justicia, bloqueo de celulares robados, creación de 5 nuevos penales para reducir el hacinamiento en las cárceles, implementación de grilletes electrónicos y, finalmente, bloqueo de celulares en los penales del Callao, Ancón ll y Chincha, señalando que para fin de año se tendrá 10 penales más con este mismo bloqueo, y termina afirmando, con relación a la política criminal y penitenciaria, que “En el siglo XXl, las cárceles no pueden ser centros de operación del crimen”.

A pesar de haber dado, hace más de 6 meses, leyes que aparentemente avizoraban un cambio real en la política criminal y penitenciaria, se pone en evidencia que nunca existió voluntad por parte de este gobierno de realizar cambios estructurales que apunten a realizar una reforma de manera efectiva, por el contrario, al no decir nada el discurso presidencial sobre la aplicación, implementación y ejecución de los Decretos Legislativos antes citados y señalar que las cárceles son centros de operación del crimen, el gobierno no sólo muestra un desinterés total por solucionar el problema penitenciario, sino también compromete injustificadamente a una población penitenciaria de aproximadamente 85,000 personas, cuando lo cierto es que un pequeño número de internos, que no es más del 1% de toda la población penitenciaria del Perú, podría ser la que se dedica a delinquir dentro de los penales, no siendo justificable que por unos cuantos internos, todos los demás se vean afectados con un régimen penitenciario que agrava el sufrimiento inherente a la privación de la libertad.

Lo cierto es que las expectativas que generó este gobierno, durante sus primeros 06 meses de gestión, sobre un cambio real en la política criminal y penitenciaria, quedó sólo en papeles y buenas intenciones, pues las leyes que dio evidencian, como ha señalado Luigi Ferrajoli, “Una inflación legislativa que ha provocado una crisis dentro de nuestro ordenamiento estatal, por cuanto causa una virtual divergencia progresiva que siempre subsiste entre normatividad y efectividad, donde las garantías podrán reducir esta divergencia progresiva, donde la democracia depende del grado de efectividad de todas las garantías de los principios constitucionales”.

En consecuencia, las leyes dadas por este gobierno que pretendían realizar cambios en la política criminal y penitenciaria, al no cumplirse, no hay divergencia progresiva entre normatividad y efectividad y por lo tanto no hay garantías y respeto a los derechos humanos, que es la condición de paz y seguridad en un Estado de Derecho Democrático, el cual se ve afectado e incide en el Derecho Penal, en un modelo garantista como el nuestro.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), tiene dentro de sus funciones orientar, contribuir, dirigir y formular la política criminal y penitenciaria del Estado, a través de su Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, que es su órgano de línea, encargado de evaluar, diseñar y formular políticas de Estado, en materia criminal y penitenciaria, así como efectuar el seguimiento y diagnóstico a la ejecución de dichas políticas.

Haciendo un balance de lo realizado por el Ministerio de Justicia, en materia de política criminal y penitenciaria, debemos señalar que es negativo, y no podía ser de otra manera, al diseñar una política ambivalente, divergente y contradictoria.

Primero, con las leyes que ha dado en materia de seguridad ciudadana, ha seguido la política de muchos países de la región, o sea, ha hecho un mayor uso del encarcelamiento de personas como solución al problema, a través de la restricción o limitación a las garantías aplicables a las personas detenidas, mayor incremento y prolongación de la prisión preventiva, aumento de penas y ampliación de delitos y sus agravantes, supresión o reducción de beneficios penitenciarios, medidas que en un corto tiempo logrará que la población penitenciaria se siga incrementando, dificultando el proceso de resocialización del condenado a la sociedad, también que se vaya perdiendo progresivamente espacios de acceso a la libertad.

Segundo, de manera contradictoria a lo señalado en el párrafo precedente, ha dado leyes que supuestamente cumplen con estándares internacionales reflejados en Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de personas privadas de libertad, como son: el Decreto Legislativo N°1324, “Ley que modifica, incorpora y deroga artículos de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria”; el Decreto Legislativo N° 1325, “Ley que declara en Emergencia y dicta medidas para la Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario”; Decreto Legislativo N° 1328, “Ley que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario” y el Decreto Legislativo N° 1343, “Ley para la Promoción e Implementación de Cárceles Productivas”.

Estas leyes reflejan el diseño de una nueva política criminal y penitenciaria fustrada por la desidia del propio gobierno, donde el Ministerio de Justicia no ha cumplido con su función de realizar el seguimiento en la implementación y ejecución de dichas políticas establecidas en sus Decretos Legislativos, llámese el Decreto Legislativo N° 1325, donde no se ha implementado lo que dispone esta norma referente a la regulación a través de protocolos y documentos normativos internos aprobados por el INPE, en un plazo máximo de 30 días, para la conducción y traslado de internos a otros penales, ingreso y tiempo de permanencia de visitas, ingreso de bienes y sistema de comunicaciones. Asimismo, no se ha cumplido con lo que establece esta norma, que señala que en un plazo de no mayor de noventa (90) días, se debe implementar canales de denuncia ciudadana, de internos, de servidores, de empresas proveedoras y otros, para recibir quejas y denuncias de actos de corrupción a través de mecanismos presenciales, virtuales y por teléfono, bajo responsabilidad funcional; tampoco se ha implementado, en un plazo de 120 días, los instrumentos normativos para realizar un efectivo control y supervisión para las áreas de trabajo en los establecimientos penales; además no sé ha realizado una implementación normativa para las acciones de coordinación e identificación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, para identificar a la totalidad de la población penitenciaria y otorgar el DNI para tener acceso a los servicios de salud, educación y trabajo; tampoco se ha implementado programas de detección, diagnóstico y tratamiento orientados a disminuir la incidencia de TBC y VIH y programas de tratamiento integral que permitan la atención, medicación y traslado definitivo de las personas con problemas de salud mental a un centro especializado, así como no se ha dado el marco normativo para facilitar la coordinación del INPE con el Ministerio de Justicia, para que los Colegios Profesionales, las Facultades de Derecho de las Universidades, las entidades religiosas, los organismos no gubernamentales, las asociaciones de defensa legal, entre otras, promuevan la asistencia legal gratuita a los internos para la defensa y respeto de sus derechos. Está situación no permite, hasta el momento, que ALDIP, así como a otras Asociaciones, puedan suscribir acuerdos, compromisos y convenios para poder cumplir con sus objetivos.

Con respecto al Decreto Legislativo N° 1328, no se ha implementado, conforme dispone esta norma, los instrumentos normativos para promover la participación del sector público, privado y la sociedad civil, a través de la suscripción de convenios, acuerdos y compromisos, en el proceso de resocialización de los condenados; no se ha implementado el SECIPLEN (Servicio Civil de Graduandos en materia penitenciaria), tampoco se ha elaborado el Plan de Modernización del INPE, donde se dio un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario; ni se ha elaborado el Manual de Derechos Humanos de la Función Penitenciaria, cuyo plazo era de 120 días hábiles para elaborarlo; no se han dado instrumentos normativos para la aplicación de los mecanismos de control y supervisión del cómputo de los días obtenidos para la redención de la pena por la educación o el trabajo. Aquí debe tenerse presente que este Decreto Legislativo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 06 de enero de 2017 y que desde el día siguiente de su publicación, corre el plazo establecido en esta norma para dar los instrumentos normativos antes citados, para su implementación.

Finalmente, con respecto al Decreto Legislativo N°1343, no se ha cumplido con lo que establece la sexta disposición complementaria final de esta norma, que en un plazo de 30 días calendario de publicada, el INPE coordina con el Jurado Nacional de Elecciones la dispensa de la población penitenciaria omisa al sufragio; tampoco se ha dado el marco normativo e implementación de sistemas electrónicos para la clasificación de los internos, dentro del plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la vigencia de la presente norma; en ningún momento se ha realizado la publicación por parte del Ministerio de Trabajo, en coordinación con el INPE en sus portales institucionales, el requerimiento de personal para aquellos que han cumplido su pena; peor el Poder Ejecutivo no ha presentado al Congreso de la República las propuestas de reforma y actualización de la normatividad vigente para incentivar la contratación de personas, por parte del sector privado, que hayan cumplido su pena, a fin de continuar con su proceso de reinserción socio-laboral, normas reglamentaria de esta ley, que han debido darse en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de su publicación (se publicó el día 07 de enero de 2017).

Vemos cómo las leyes antes citadas, que son leyes dadas por el Poder Ejecutivo no tienen ninguna eficacia legal, al no haberse implementado y ejecutado dentro del plazo que éstas han previsto, lo cual hace suponer que estas leyes se dieron sólo para congraciarse con la sociedad, ante la presión social y mediática frente al grave problema de la seguridad ciudadana, que no es en sí misma una Política de Estado, dentro de las 32 políticas establecidas en el Acuerdo Nacional, ya que ésta corresponde a la Séptima Política del Estado, que es la siguiente: “Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la Seguridad Ciudadana”. Al parecer, ningún cambio que quiera realizarse en el régimen penitenciario, con normas que sólo pretendan combatir la inseguridad ciudadana, con medidas que agraven la situación del que está privado de libertad, no tendrán resultados, si no van acompañadas de medidas que comprendan a sus otros componentes de esta Política de Estado, que son “erradicación de la violencia” y “fortalecimiento del civismo”, para que se pueda cumplir con el objetivo de esta política, que es consolidar la Democracia y el Estado de Derecho.

Las medidas deben estar orientadas a preservar el orden público y la seguridad ciudadana, con respeto y defensa de los derechos humanos, respetando las normas y principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano.

ALDIP rechaza la afirmación de este gobierno, que dice que “En el siglo XXl, las cárceles no pueden ser centros de operación del crimen”, por cuanto esta afirmación desconoce la realidad penitenciaria y compromete injustamente a una población penal de aproximadamente 85,000 personas, cuando los que se podrían dedicar a esta actividad, es un número muy reducido que no llegaría a más del 1% de esta población. Señalar que se van a poner bloqueadores en todos los penales, para que no se siga delinquiendo dentro de éstos, sin realizar de forma paralela la instalación de teléfonos públicos debidamente controlados y supervisados en todos los pabellones de los Centros Penitenciarios donde no existan, como en el penal Ancón l, es violar no sólo el derecho constitucional y universal a la comunicación que tiene toda persona privada de su libertad, sino además, en el caso especial de los internos que se encuentran con medida de prisión preventiva, es una flagrante violación al derecho a la defensa en juicio y el derecho al debido proceso, al impedir que el interno se comunique con su abogado para que coordine su defensa, necesidad que conlleva a que los internos se agencien de celulares. Al respecto, no puede negarse ni ocultarse que casi todos los celulares que son incautados en las requisas que realizan las autoridades penitenciarias, son usados para que se comuniquen con sus abogados para defenderse en juicio, así como para comunicarse con su familia, que en la mayoría de casos no pueden visitarlos por razones económicas.

ALDIP no dudará en recurrir a los Tribunales Nacionales e Internacionales, a fin de que cese dicha medida que atenta contra los derechos y dignidad del interno, en especial del interno procesado, que no se le permite comunicarse con su abogado o su familia, violando su derecho a la defensa, al debido proceso y a la comunicación, derechos consagrados en los incisos 23, 24.g del artículo 2 e incisos 3, 14, 21 y 22 del artículo 139 de la Constitución Política, artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 14.1, 14.3, 10.1, 10.2a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 8.1 , 8.2, 5.2, 5.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al no colocar teléfonos públicos debidamente controlados y supervisados, caso del penal Ancón l, donde no hay teléfonos públicos y donde la mayoría de los internos son procesados y primarios que necesitan comunicarse con sus abogados para conseguir su libertad y con sus familiares para no agravar el sufrimiento inherente a la privación de la libertad.

 

(*) Dr. Ricardo Castro Belapatiño

 

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